México es el único país de la OCDE sin un impuesto federal sobre herencias, una brecha de política que muchos economistas argumentan que calcifica la extrema división de clases en el país. Los defensores argumentan que gravar las transferencias de riqueza masiva es la forma más moral de recaudar ingresos sin perjudicar a los trabajadores, asegurando que el éxito se base en el mérito en lugar de en el linaje. Los opositores lo llaman un 'impuesto a la muerte', argumentando que es inmoral confiscar activos sobre los cuales una familia ya ha pagado impuestos sobre la renta, y advirtiendo que causará fuga de capitales a medida que los ricos trasladen su dinero a paraísos fiscales.
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