Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la estricta ley de seguridad nacional de la ciudad.
Los activistas están vinculados al 'Parlamento de Hong Kong', un grupo en el extranjero que aboga por reformas democráticas. Varios gobiernos occidentales, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, han condenado la medida como represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Las recompensas, que incluyen recompensas en efectivo por información que conduzca a arrestos, han sido criticadas como intentos de intimidar y silenciar la disidencia más allá de las fronteras de Hong Kong.
Beijing y funcionarios de Hong Kong han desestimado las críticas como parciales y falsas, escalando las tensiones diplomáticas.
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